Publicado el 17/06/2025 por Administrador
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En un acto sin precedentes recientes, el presidente Gustavo Petro, junto a los representantes de las altas cortes y del Congreso colombiano, firmó un acuerdo de convivencia institucional para “desarmar y armonizar la palabra”, una iniciativa orientada a reducir la polarización y el lenguaje agresivo que ha contaminado la esfera pública en el país.
El encuentro se llevó a cabo en un espacio facilitado por la Conferencia Episcopal de Colombia, con la mediación de figuras de la Iglesia católica como monseñor Francisco Javier Múnera y el cardenal Luis José Rueda. El lugar escogido, simbólicamente alejado de la Casa de Nariño, buscaba neutralidad y recogimiento.
Entre los firmantes estuvieron el presidente del Senado, Efraín Cepeda; el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca; los titulares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, así como el Procurador General, la Defensora del Pueblo, el Contralor y el Registrador Nacional.
El documento, leído públicamente por monseñor Múnera, subraya el compromiso de los poderes del Estado con la escucha, el respeto mutuo y el rechazo a toda forma de violencia verbal, simbólica o institucional como herramienta de debate o disenso.
Este gesto institucional ocurre días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, hecho que conmocionó al país y generó movilizaciones como la “Marcha del Silencio”, en defensa de la vida y la democracia. Durante el evento, se elevó una oración por la pronta recuperación del legislador herido.
Aunque el ambiente fue cordial, algunas fuentes admitieron momentos de tensión. La llegada tardía del presidente Petro y su intervención —en la que denunció obstrucciones a su agenda legislativa— marcaron un contraste con el tono conciliador del resto de los asistentes.
El procurador Gregorio Eljach recalcó que este pacto no puede quedarse en un acto simbólico, sino que debe proyectarse hacia medios de comunicación, redes sociales, empresarios y la ciudadanía. “La pedagogía de la palabra debe extenderse a todos los rincones del país”, señaló.
Por su parte, la Iglesia enfatizó que su rol es el de acompañamiento y facilitación, no de mediación política. “Queremos abrir espacios donde el disenso no sea enemigo de la convivencia”, explicó el cardenal Rueda.
La firma de este acuerdo ocurre en un contexto político cargado. Petro enfrenta críticas por su intención de convocar una consulta popular en torno a la reforma laboral, una propuesta ya rechazada por el Senado, y ha insinuado la posibilidad de impulsar una Asamblea Constituyente si las cortes frenan sus reformas.
Desde sectores de oposición, aunque se valoró el gesto, también se pidió coherencia y un cambio real en el tono del discurso presidencial, a menudo confrontativo y cuestionador de otros poderes públicos.
Analistas políticos coinciden en que el pacto representa una oportunidad para recomponer la confianza institucional, aunque advierten que su eficacia dependerá de que los actores clave mantengan el compromiso más allá de la coyuntura.
En conclusión, Colombia vive una pausa simbólica en medio del ruido político. El acuerdo para “desarmar la palabra” no resolverá por sí solo las diferencias, pero marca un punto de partida hacia un diálogo más civilizado, justo cuando el país más lo necesita.
